Ley 7722: Matemática, Política y Acción Ciudadana

Más allá de la incongruencia en los discursos de unos y otros durante la campaña electoral por la provincia: “incentivaremos la minería”, “no modificaremos la 7722”, dichos que se pueden encontrar en ambas orillas de la “futbolería” política nacional, y en este caso provincial, léase UCR y PJ; nos encontramos finalmente en este presente que, hoy día, debate en realidad, quién paga el costo político de la pretendida reforma a la mencionada Ley, porque la intención ya es conocida por todos.

Aquellos que en 2014 y 2015 se encarnaban en el concepto del cuidado del agua desde el radicalismo, son hoy día, sus mayores promotores rejuntados en lo que podríamos denominar una asociación espuria en contra del deseo popular junto al PJ, antiguos promotores durante el gobierno de Jaque y Pérez de todos los intentos de voltear a la 7722, irónicamente defendida en esos tiempos por la UCR.

Esta asociación, obviamente está fomentada, y vaya uno a saber en qué forma, por el lobby minero, que como antaño, reparte a diestra y siniestra beneficios personales en búsqueda de cualquier cosa menos del bien común.

¿Y por qué hablamos de matemáticas?

Simple. Los números en ambas cámaras legislativas parecerían acompañar a esta iniciativa. Rodolfo Suárez, gobernador electo con el 50 por ciento de los votos, hace la matemática simple de creer que esos votos reflejan la intención del votante respecto a su propuesta de modificación de la Ley. Pareciera desconocer o renegar que, lo que la gente votó en las pasadas elecciones en Mendoza recae, no sobre la 7722, sino en el modelo de país deseado en lo económico y social; ya que es sabido por la sociedad que, la intención de modificar la Ley era notoria tanto en una como en otra orilla.

Con esos números, el gobierno saliente así como el entrante, más una “oposición” ansiosa de la derogación, si fuera posible, hacen hoy día piruetas para no pagar el costo que la modificación o derogación de la Ley pudiera traer, y que obviamente existirá y que quedó demostrada en la premura y urgencia con que todas las Asambleas y ONG de la provincia y el país salieron a respaldar a la Ley que intencionadamente llaman “anti-minera” cuando en realidad es el único resguardo de futuro que los ciudadanos de Mendoza tenemos antes los embates de una minería expoliadora que mira, únicamente, en los beneficios económicos que la explotación metal minera dejaría en sus bolsillos, siempre con esa miopía notoria de aquellos que no ven más allá de los bienes materiales a obtener en sus cortas vidas, sin importar las de sus propios hijos.

Lamentablemente, éstas matemáticas ponen en evidencia que si pagaran el precio político mencionado, la 7722 sería modificada y hasta incluso derogada, que al final de cuentas sería lo mismo, debido a las modificaciones pretendidas.

A vista de esto, los ciudadanos que nos oponemos a ello, debemos comenzar a plantearnos seriamente nuevos roles en nuestra lucha contra la posibilidad ante este nuevo panorama.

Fuera de todas las luchas que las diferentes organizaciones ambientales y la ciudadanía hagan valer para evitar que, nuestros políticos se representen a sí mismo en sus ambiciones, descartando la responsabilidad para la que fueran elegidos; nos toca hoy comenzar a evaluar los diferentes pasos a seguir ante la planteada situación.

Vía Judicial

La Ley 7722, está directamente vinculada a la Ley 5961 de Ambiente de nuestra provincia. En ella, existe un principio básico que nos dice que no se puede ir hacia atrás en cuanto a cuidado del ambiente se refiere.

Esto significa que, modificar o anular el  artículo 1 que establece cuales son las sustancias nocivas y prohibidas en nuestra provincia, sería una modificación no aceptable en los contextos de la Ley de Ambiente, ya que la misma en el principio citado, operaría en forma contraria, dando sólo la posibilidad de ampliar ese listado y no de reducirlo.

Ser parte de los controles

Ante un posible fracaso de la instancia judicial, (en realidad para cualquier proyecto que entrañe riesgo ambiental), y ya sabiendo de antemano que, la independencia de poderes en nuestro país roza lo utópico, deberemos exigir, sin posibilidad a renuncia que, las ONG y Asambleas tengan participación directa en los sistemas e instituciones encargadas de los pretendidos “excelentes” controles que el gobierno y las mineras dicen tener para evitar una posible catástrofe.

Es sabido que, aquellos que defienden la modificación de la Ley se apoyan en Universidades para el ejercicio del control técnico sobre la minería, lamentablemente, así como no podemos creer en la objetividad judicial, tampoco podemos hacerlo en la de una Universidad como la UNCuyo que es promotora del Instituto Balseiro, el cual está auspiciado económicamente por la CNEA. Sería poner al cuidado de las gallinas a un zorro con grado académico, pero zorro al fin.

Ergo, es fundamental comenzar a exigir el protagonismo de nuestras Asambleas y ONG ambientales en los entes de regulación y control de una actividad minera que hoy día cuenta con el aval de un gobierno que maneja las matemáticas del voto popular a criterio y conveniencia.

La Ley 7722 es la que nos ha salvado del destino que hoy transita Jachal en San Juan, o del que hoy sufre gran parte de Chile respecto a contaminación y carencia de agua. Irónicamente, un agua cada vez más escasa debido a la constante sequía en nuestra provincia.

José Luis Bonomi

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